Presenté esta propuesta para crear un Cuerpo Académico Evaluador de la Política Social para el Estado para calificar el impacto de las políticas públicas del desarrollo social y humano en la entidad

Según la tabla anterior en Guanajuato en 2018 había 216.8 mil personas en pobreza extrema, en 2020 suman 281.2 mil personas en esta situación. En cifras globales, en 2018 había 2 millones 519.7 mil personas en pobreza en Guanajuato, para 2020 suman 2 millones 649.6 mil personas con este problema. Además, todo indica, si partimos del Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 y de las tendencias que se observan ahí a partir de la pandemia del Covid-19, en las que se agudizaron las condiciones sociales y los efectos en materia de desarrollo social con las consecuencias asociadas a la calidad de vida y que las carencias sociales se incrementaron.

Pensar el desarrollo social de un estado es un desafío, porque es necesario comprender la complejidad que conlleva por no hay una linealidad o una sola causa para entender la dinámica de los diversos factores que concurren en la vida cotidiana y en la vida productiva de las personas.

Con otro indicador se puede observar el problema grave de la pobreza en nuestra entidad: el pasado 23 de febrero el Coneval dio a conocer el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP)^[1] que es un indicador que estima el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de forma trimestral, con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que permite dar seguimiento trimestral a la evolución del ingreso laboral y su relación con el costo de la canasta alimentaria, es decir, obtener el porcentaje de pobreza laboral”. De los resultados para este trimestre destaca que:

“En 27 de las 32 entidades federativas se presentó una reducción de la pobreza laboral entre el tercer y cuarto trimestre de 2022. Destacaron Sinaloa con 5.0 puntos porcentuales menos, Ciudad de México con 4.2, y Puebla con 3.8. En contraste, Zacatecas, Colima y Aguascalientes fueron las entidades con mayor aumento durante el mismo periodo con 5.3, 1.4 y 1.0 puntos porcentuales más, respectivamente.

[1] https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_pobreza_laboral.aspx

En el caso de del estado de Guanajuato, 4 de cada 10 tienen ingresos laborales inferiores al costo de la canasta alimentaria, que lo ubica en el lugar 12 a nivel nacional con más porcentaje y nos vuelve a situar en la necesidad de revisar de forma integral la política salarial que se ha venido sosteniendo como una estrategia de atracción de la inversión privada nacional y extranjera. Los bajos salarios no son la mejor estrategia para impulsar el desarrollo social.

En nuestra entidad, el primer trimestre de 2021 el porcentaje era de 40.7% y para el último trimestre del mismo año pasado del 40.8%. El punto más alto con relación a la pobreza laboral fue en el tercer trimestre del 2020 con un 42.5%.

A nivel nacional se redujo de 42.0% a 38.8% ese indicador en el comparativo del primer trimestre 2021 al mismo del 2022. El cambio en la pobreza laboral se debió principalmente al aumento del ingreso laboral real per cápita (3.8%), esto debido a la estrategia de incrementar sustancialmente el salario mínimo como parte de la estrategia federal para compensar gradualmente la pérdida del poder adquisitivo que se arrastra de 1976.

A partir de estos datos se puede apreciar la necesidad de realizar estudios y análisis focalizados por regiones y por municipios en Guanajuato, asociadas a las estrategias de atracción de la inversión, así como de las acciones para impulsar y sostener el empleo, para evitar la precarización del mismo, en tanto, evaluar a su vez, el impacto en la calidad de vida, de la capacidad de compra de la canasta básica de alimentos y buscar como dinamizar las estructura salarial para impactar en la reducción sustancial de la pobreza en todas sus dimensiones.

Durante el primer período de esta LXV legislatura del Estado de Guanajuato, presenté a nombre del grupo parlamentario de morena una iniciativa con proyecto de decreto para contar con un grupo estrictamente académico que pudiera medir la pobreza y evaluar la política de desarrollo social en nuestra entidad.

La propuesta fue rechazada^[1] con argumentos desde nuestro punto de vista equivocados y ahora se retoma la materia de discusión y se presenta de nueva cuenta una iniciativa dado que no existe en la actualidad algún documento que compruebe que el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato o la Secretaría de desarrollo Social y Humano, hacen una evaluación de la política de desarrollo social, tal y como se solicitó en el proyecto desechado.

A continuación, expreso las razones por las que pienso que el dictamen está errado, que su rechazo es en perjuicio de los derechos humanos de la gente en condición de pobreza y que se aleja una oportunidad de mejorar las políticas antipobreza.

El documento dedica:

• Dos páginas a las Consideraciones y metodología de trabajo. Aquí se devela quienes son los principales legisladores y legisladoras de facto: el ejecutivo y los órganos de análisis del propio Congreso.
• Diez páginas a un resumen de la iniciativa.
• Catorce páginas al Análisis, donde retomaré una idea central para demostrar porqué se equivocan estos analistas.
• Cuatro páginas a los ejes centrales de discusión.

Expongo apretadamente en cuatro contrargumentos del porqué el dictamen está equivocado y se demuestra, por tanto, la pertinencia social de establecer un mecanismo institucional que cumpla con los objetivos de evaluación de la política de desarrollo social.

Único. La Sexagésima Quinta Legislatura, ordena el archivo definitivo de la iniciativa formulada por el diputado David Martínez Mendizábal integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Guanajuato, Gto., 30 de agosto de 2022. La Comisión de Desarrollo Económico y Social.

1er contrargumento. El proyecto de dictamen retoma el documento que en su momento era el más reciente del Coneval sobre evaluación de nombre Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas 2021 y cita textualmente:

Guanajuato está clasificada como una entidad con avance alto en la generación de elementos de monitoreo y evaluación (…)

Guanajuato presentó una tendencia creciente en el componente práctico entre 2011 y 2021. De 2019 a 2021 tuvo incrementos en el área responsable de la evaluación. La entidad alcanzó el puntaje máximo en las 13 variables del componente práctico.

Esto es cierto, está en el documento del Coneval, pero también se debe decir que con respecto a la evaluación y el monitoreo el Coneval evalúa lo que aparece en las páginas oficiales, pero no sobre la calidad de los contenidos que es el punto central de la propuesta de iniciativa.

Se puede ver de forma más clara en la pag. 73, Gráfica 48 del documento referido. Ahí el Coneval valora el área responsable de realizar/coordinar la evaluación de la política los programas de desarrollo por entidad federativa:

En los criterios para el establecimiento del área responsable de coordinar/realizar la evaluación, Guanajuato saca un 5 sobre 10, en las restantes tres variables aparecen dieces.

Qué significa esto: que describe las áreas encargadas, pero no ha establecido un razonamiento sobre porqué esa área es la responsable de realizar y coordinar el monitoreo y la evaluación y esta es precisamente la propuesta que presenta morena. Es decir, hay confusión sobre lo que se hace en materia de evaluación pues no se dice por qué las distintas instituciones que intervienen en este proceso se relacionan entre sí y qué aporta cada parte.

Además, se desprende del mismo documento del Coneval lo que sigue:

• En la p.65: El estado ha realizado evaluaciones a políticas y/o programas de desarrollo social estatales. Lugar 24.

La normativa estatal establece la publicación de las evaluaciones realizadas. Lugar 24.

• Y en la p.73 La normativa estatal establece un área responsable de realizar/coordinar la evaluación de la política y/o de los programas de desarrollo social en el estado. Último lugar empatado con otros siete estados
• En la p.78 y 79 Evolución de clics promedio para llegar a información de programas de desarrollo social, evaluaciones e indicadores. En Campeche y Guanajuato se necesitan ocho clics. Último lugar.
• En 2021 se dan, en promedio, 4.7 clics para acceder a información sobre evaluaciones, cifra que aumentó 0.4 respecto a 2019. En Durango y Guanajuato son ocho clics. Último lugar.

En resumidas cuentas: 1, el mismo Coneval dice que no se explica por qué esas áreas son las responsables de evaluar. 2. Tenemos problemas con las áreas responsables de evaluar. 3. No se informa a la ciudadanía de forma clara sobre las evaluaciones.

Guanajuato no está tan bien cubierto en materia de evaluación, su esquema es confuso y necesita cambios urgentes.

2o. contrargumento. Sobre el apartado de participación ciudadana que desarrolla la propuesta de dictamen, se encuentra un argumento débil pues la iniciativa de morena no habla de la participación en Consejos sino de la autonomía de quien realiza la evaluación y de la intervención académica, que es un modo específico de participación ciudadana.

La participación social es un valor sostenido por la legislación guanajuatense, pero, la modalidad con la que se opera está acotada a solamente opinar, sin garantizar un mecanismo transparente de acción que recoja las propuestas, demandas, orientaciones de las y los guanajuatenses. La que se propone en la iniciativa rechazada es una forma de expresión de una gobernanza activa, respetuosa y colaborativa entre el gobierno estatal, los municipios y la ciudadanía. Se propone un Es un área técnica, especializada e independiente pues en la evaluación que el PAN opera actualmente el gobierno estatal es juez y parte en un esquema confuso de evaluación. Se requiere como en otros estados de un órgano autónomo:

La particularidad de la iniciativa en este terreno parte de la necesidad del perfil técnico de las y los integrantes del Comité, pues deberá estar conformado por académicos y académicas especialistas en la medición de los problemas sociales y su vínculo con la toma de decisiones del gobierno estatal. La precisión técnica, la solvencia académica y el rigor conceptual son características sine qua non para el buen funcionamiento del Comité. No se trata de encontrar personas opinadoras, sino fortalecer la relación fructífera entre academia y tomadores de decisiones

Si se leyó con detenimiento la propuesta de morena debe colegirse que no se duplica pues nadie tiene las funciones encomendadas a este nuevo órgano evaluador. Ni la Sedeshu lo hace, ni Iplaneg ni ningún otro órgano de gobierno. Si se duplican las instancias evaluadoras como lo dice la propuesta de dictamen ¿dónde están los productos concretos de esa instancia que dicen que existe? Insistimos, no se pueden hacer políticas y programas sociales en los municipios con información de hace 5 años o como se nos indicó en las respuestas dadas en la reciente glosa del V Informe de Gobierno “En 2022 no se realizó ninguna evaluación de impacto de la política social”.

Elemento 9: Área responsable de realizar o coordinar la evaluación de la política y los programas de desarrollo social en el estado

• La normativa establece que la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía (IPLANEG) tienen atribuciones para realizar y coordinar la evaluación de la política y los programas de desarrollo social en el estado. Además, se definen los elementos con los que estas áreas deben contar y cuáles son sus atribuciones específicas.
• En la práctica, Guanajuato cuenta con estas dos áreas que coordinan el proceso de monitoreo y evaluación de los programas y acción es en la entidad; sin embargo, se recomienda difundir en la página de internet la estructura organizacional de las áreas responsables.
• En lo normativo es importante valorar la posibilidad de dar autonomía técnica y de gestión a las áreas encargadas de la evaluación en el estado^[1]

La particularidad de la iniciativa en este terreno de la participación ciudadana es la necesidad del perfil rigurosamente técnico de las y los integrantes del Grupo pues deberá estar conformado por académicos y académicas especialistas en la medición de los problemas sociales y su vínculo con la toma de decisiones del gobierno estatal. La precisión técnica, la solvencia académica y el rigor conceptual son características sine qua non para el buen funcionamiento del Grupo. No se trata de encontrar personas opinadoras o partidarias de algún proyecto partidario sino fortalecer la relación fructífera entre academia y tomadores de decisiones.

Estamos frente a una posibilidad de crear un mecanismo que pocos estados lo tienen. No hay jiribilla, no hay engaño, si de verdad queremos transformar la realidad de nuestro estado hay que comenzar por aceptarla tal y como es.

3er contrargumento. Hay un error grave de conceptualización en el dictamen: se habla de evaluación de programas y se confunde con la evaluación de políticas. Puede haber salido una buena evaluación de los programas -en caso de que hubiere- pero el órgano que proponemos también abarca la política de desarrollo social, es decir, la lógica de interrelación de programas, acciones e instituciones. Y esto nunca se ha visto en un documento o a la mejor está, como critica Coneval a 600 clicks y no pude hallarlo.

Precisamente esta confusión es la que ha llevado a Guanajuato a errar el camino de la política social y a tener escasos resultados en materia de combate a la pobreza. Lo dijimos: del 2008 al 2020 hay más de un cuarto de millón de nuevos pobres en la entidad y es lo que llevó a León a ser la ciudad con más pobres en el país.

Una política es la lógica general con la que se piensa estructurar los programas. La política es el cauce general donde se inscriben acciones, estrategias y programas. Lo que planteamos en la iniciativa es evaluar la política de desarrollo social -distinto a lo que es la política social- que llevaría a cuestionar la política económica también. Ambas la política económica y la social son corresponsables de la situación de precariedad en Guanajuato y en los millones de compatriotas que se van a otro lado buscando lo que aquí no encuentran. Esa es la política de desarrollo social que buscamos evaluar, no los programas en individual. La política social, dicen los entendidos, no es la ambulancia que recoge a las y los pobres que produce la economía.

[1] Informe de pobreza y evaluación 2020. Guanajuato. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

4º contrargumento. Sobre el costo del Comité.

Del financiamiento dice el dictamen:

Del análisis realizado a la propuesta de iniciativa, se considera que el iniciante no contempló el impacto presupuestal con los alcances cuantificables acorde al diseño para la estructura operativa necesaria para el organismo que pretende en su constitución de descentralizado, pues debió tomar como referencia la estructura organizacional y la remuneración de sus plazas, equiparándola con el tabulador de sueldos y salarios del Gobierno del Estado de Guanajuato, dando como resultado un impacto presupuestal anual de hasta $84.5 millones de pesos, para el desarrollo de sus funciones, por lo que consideramos que no es viable, pues como ya se hizo referencia, las atribuciones en materia de evaluación en la materia ya se encuentran dentro de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Poder Ejecutivo.

En efecto, no la calculamos porque ingenuamente pensamos que esa es tarea del Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, pero no lo hizo, ni porque en la anterior sesión dimos algunos criterios que aminoran el gasto. Dice esta Unidad que se pueden gastar hasta $ 84.5 millones de pesos anuales. Igual pudo haber dicho hasta 200 millones o 300; ese es el análisis y deslizó información equivocada a esta Comisión. Como no se dice cómo salió esta estratosférica cantidad, supongo que cometió el error de tomar como referencia el presupuesto del Coneval, cuando el Comité propuesto por morena es infinitamente de menor peso administrativo.

Vale decir que en la iniciativa señalamos que para este tipo de iniciativas no debería ser obstáculo el financiamiento público, pues se busca orientar de manera eficiente los recursos propios de los programas correspondientes a la política económica y social de Guanajuato. Y cuando se habla de eficiencia, no es sólo hacer una contabilidad de costo-beneficio financiero, sino el impacto que causan en el bienestar de la población, sobre todo para las y los desplazados del disfrute de los bienes necesarios de cara a una vida digna. Lo necesario, en un gobierno humanista, debe convertirse en posible.

Con conocimiento de causa y considerando la experiencia tenida en la dirección de investigación de una prestigiada institución de educación superior y evaluador de programas del Conacyt, que incluía la presupuestación, sostenemos que no se gastaría ni el 6% de los 84 millones señalados por la Comisión de Desarrollo Económico y Social de este Congreso.

Con estas cuatro argumentaciones se ha demostrado con argumentos técnicos que la propuesta de dictamen es equivocada y que la iniciativa de morena debió aprobarse en sus términos, pues sería muy útil para Guanajuato.

Quien teme a evaluarse sin autocomplacencias o quien se mira al espejo proclamándose el número uno en todo no hace sino exhibir su cortedad de miras y evidencia su desprecio por la condición de pobreza de la gente que espera salir de su miseria.

Las políticas públicas, en especial aquellas concebidas para contribuir al acceso al ejercicio efectivo de los derechos sociales, deberían de partir de un diagnóstico certero que permita diseñar intervenciones adecuadas que puedan implementarse en el país y que tengan como resultado la resolución o mejora de los problemas que les dieron origen. Sin embargo, no se debe perder de vista que toda política, programa o acción es perfectible, que además es deseable que sea lo suficientemente flexible para atender nuevas problemáticas que se presenten en el tiempo y que deben considerar desde su concepción mecanismos de retroalimentación que permitan la mejora continua de las mismas.”

Es en este sentido que la creación de un Grupo Evaluador de las Políticas Sociales para el Estado de Guanajuato implica reconocer que las diversas dependencias de la administración pública en la entidad no han desarrollado los mecanismos necesarios para poder evaluar el impacto de las políticas y los programas sociales en favor del desarrollo social de las y los guanajuatenses.

En el contexto reciente de la glosa del V Informe de Gobierno del Lic. Diego Sinhué Rodríguez, a pregunta por escrito del grupo parlamentario de morena, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano aceptó no tener ninguna evaluación de la política social en la entidad. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Por otra parte, dentro del trabajo que realizan los municipios en la esfera de su autonomía y de su competencia, es necesario a su vez, analizar y evaluar de forma objetiva el impacto de las políticas y programas sociales. De tal suerte que la creación de Grupo Evaluador de las Políticas Sociales para el Estado de Guanajuato se inscribe en la responsabilidad legislativa para dotar de un aparato autónomo, profesional, critico e independiente que desarrolle, elabore, y genere información confiable para orientar de forma adecuada y pertinente las tareas gubernamentales vinculadas con impulsar y garantizar los Derechos Sociales en el contexto de los Derechos Humanos para cada uno de las y los guanajuatenses dentro de todas las etapas del desarrollo humano de cada persona en su condición y situación específica.

Los argumentos expuestos dan una idea clara de la necesidad de contar con información precisa, suficiente y sólida sobre las acciones de las políticas sociales que se impulsan desde el gobierno del Estado y de contar con elementos, procesos, metodologías e instrumentos que permitan hacer las evaluaciones correspondientes, en donde no se siga jugando a ser juez y parte de procesos en lo que está comprometida la calidad de vida de las personas y sus derechos sociales y humanos de quienes viven en Guanajuato. Por lo que se insiste, que el conjunto de los y la legisladores de la LXV legislatura del Estado de Guanajuato dotemos a Guanajuato de una instancia de Evaluación de las Políticas Sociales y que permita retroalimentar al conjunto de la administración pública, estatal y municipal para el adecuado desarrollo social de la población, y con ello contribuir a uso adecuado de los recursos públicos, a la transparencia, a la rendición de cuentas y poner en los hechos el compromiso de hacer valer la Constitución Política del Estado de Guanajuato.

La propuesta tendrá los siguientes impactos:

1. Jurídico.

Se propone reformar la Ley de Desarrollo Social y Humano para el estado y los municipios de Guanajuato para crear un Grupo Académico para la auxiliar en la evaluación de la Política Pública del Desarrollo Social y Humano en Guanajuato.

1. Administrativo.

Se incorpora formalmente el órgano ciudadanizado, denominado Grupo Académico para la Evaluación de la Política Pública del Desarrollo Social y Humano en Guanajuato, de perfil académico con el fin de para la auxiliar en la evaluación de la Política Pública del Desarrollo Social y Humano en Guanajuato.

III.       Impacto presupuestario.

El impacto presupuestario no será mayor de cinco millones de pesos, por vía de una convocatoria a universidades y centros de investigación, con lo que se hará un convenio dirigido a orientar de manera eficiente los recursos propios de los programas correspondientes a la política económica y social de Guanajuato.

1. Social.

El beneficio social es múltiple, entre otros, servirá para mejorar el diseño de las políticas públicas dirigidas a la erradicación de la pobreza de conformidad con la legislación mexicana y los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

D E C R E T O

PRIMERO. Se adicionan las fracciones II y III en el artículo 2 y se recorren las subsecuentes, se adicionan las fracciones VI, VII y VIII al artículo 9 y se recorren las subsecuentes, se reforma el artículo 14, se adiciona un párrafo al artículo 15, se reforma el artículo 38, se adicionan los artículos 40 bis, 40 ter, 40 quater y 40 quinquies, todos a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I…

II.- Grupo Académico: Al Grupo Académico que auxiliará en la Evaluación de la Política Pública del Desarrollo Social y Humano.

III.- Pobreza: Situación en la que las personas tienen al menos una carencia social en los indicadores de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación, ingreso suficiente para adquirir los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias, cohesión social, y acceso a carretera pavimentada.

IV.- Desarrollo humano…

Artículo 9. Las políticas públicas…

1. Interdependencia e indivisibilidad: Garantizar que los componentes del desarrollo social y humano están vinculados entre sí, así como que no pueden separarse o dividirse, observando integralmente los efectos que unos causan sobre otros.

VII. Universalidad: Orientar la política pública de desarrollo social y humano para que a todas las personas se les garanticen todos los derechos.

VIII. Progresividad: A la ampliación de los derechos y sus garantías, así como al incremento gradual de los recursos públicos destinados al desarrollo social y humano.

1. Sustentabilidad…

Artículo 38. La evaluación de la política pública estatal de desarrollo social y humano estará a cargo de la Secretaría quien deberá de auxiliarse de los resultados obtenidos por el Grupo Académico con el objeto de evaluar cada dos años los resultados e impactos de la política social y la pertinencia de los programas sociales en materia de desarrollo social y humano y erradicación de la pobreza.

Artículo 40 bis. El Grupo Académico pertenecerá a una universidad de prestigio nacional y estará formado por académicos y académicas pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.

Artículo 40 ter. El Grupo Académico presentará un reporte de resultados de las evaluaciones, el cual deberá entregarse a la Secretaría, a la Comisión de Desarrollo Económico y Social y a la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Congreso del Estado. El reporte se publicará en los sitios oficiales de estos órganos públicos.

Artículo 40 quater. La Secretaría deberá emitir una convocatoria, bajo el principio de máxima publicidad, para que las universidades y centros de investigación presenten sus propuestas conceptuales y metodológicas sobre los proyectos dirigidos a cumplir los objetivos de evaluar los resultados e impactos de la política social y la pertinencia de los programas sociales en materia de desarrollo social y humano y erradicación de la pobreza.

Artículo 40 quinquies. El Consejo Consultivo para el Desarrollo Social y Humano decidirá la universidad o centro de investigación que presente la mejor propuesta de evaluación.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.- Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

SEGUNDO.- En un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá quedar constituido e instalado el Comité de Evaluación.